El Municipio de Ibarra, continúa con el trabajo de legalización de tierras en el sector rural del cantón, con lo cual los campesinos podrán acceder a créditos destinados a mejorar su producción agrícola. El proyecto inició hace un mes y medio con las parroquias La Esperanza y Angochagua.
Paúl Lugo, Director de Avalúos y Catastros del GAD-I, destacó que la idea fundamental es contar con una base de datos reales del sector rural, para la planificación estratégica y brindar seguridad en la tenencia de la tierra.
Dijo que la entidad cuenta con un catastro actualizado del centro urbano y se intenta incorporar el rural, lo cual permitirá conocer de cerca los predios existentes y el uso que tiene cada uno.
Recordó que el Municipio busca que el 100 por ciento de las tierras productivas sean legales. “Vamos a seguir trabajando para que cada tierra tenga su escritura pública. El asesoramiento y la socialización seguirán hasta terminar con el proyecto piloto”, mencionó.
Además existe un convenio entre el Municpio y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, que busca regular la posesión, propiedad, administración y redistribución de la tierra rural para garantizar la soberanía alimentaria, así como propiciar un ambiente sustentable y equilibrado, y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos.
Las escrituras públicas permiten que los propietarios fomenten el desarrollo agrícola, puedan acceder a créditos. Así lo ratifica Carmen Chugá, habitante de La Esperanza: “con la escritura propia podemos hacer un crédito para trabajar en nuestros campos, tenemos el respaldo para seguir laborando”.
Galo Pupiales, Presidente dela Parroquia La Esperanza, dice que son alrededor de 1.500 predios los que no tienen escrituras. “Hemos esperado mucho para que se cumpla el sueño de tener nuestros documentos legalizados, hoy sabemos que estamos avanzando con apoyo del Municipio y del MAGAP”, sostuvo.
Elena Perugachi, habitante de Angochagua, dice que hace 30 años adquirió su propiedad, cuenta que las personas a quienes les compró el inmueble, ya fallecieron, eso ha sido causa para no legalizar las escrituras. Sin embargo tiene la esperanza de que con el proyecto del Municipio, la espera termine.
A decir de Lugo, en días anteriores se terminó con la etapa de levantamiento técnico de cada uno de los predios (aproximadamente 3.000 entre las dos parroquias). El siguiente paso es entregar los resultados a los dirigentes de las parroquias, para que ellos empiecen a individualizar los predios.
En abril de este año se aprobó la Ordenanza de Legalización de Predios, la misma que en sectores rurales ha priorizado trabajar con la zonificación de las tierras, pero tomando encuentra no sólo la parte técnica; lo que se busca es que prevalezca la parte humana, añade Lugo.
El factor económico, la tramitología y el fallecimiento de propietarios, son tres de las causas por lo que en estos lugares no se tiene un registro total de escrituras legalizadas. Aquí ingresa el Municipio para poder agilitar los trámites y ayudar a quienes por años se encuentran habitando viviendas sin papeles en regla.
Para Jaime Matango, dirigente de la Comunidad Rumipamba, estas reuniones hacen que la ciudadanía comprenda el trámite a seguir. “Estamos seguros de las escrituras, debido a que en la nueva ordenanza se habla que de los predios de 100 metros ya pueden ser legalizados, en la anterior ordenanza los predios debían tener mínimo 200 metros” enfatizó.
El 31 de diciembre se cumple el plazo para la legalización de tierras en las dos parroquias. Posteriormente continuará el cronograma que concluye en el 2019.
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