El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió a cinco jueces de la Corte Provincial del Guayas. Ellos fueron cuestionados por su actuación en juicios que se tramitan en las Salas Penal y Laboral de esa instancia.
El Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, explicó que durante la sesión de trabajo que mantuvo en Guayaquil el pasado martes con las autoridades provinciales de justicia, se analizaron denuncias sobre tres casos específicos. En el primero, se reveló la eventual falta de fundamentación jurídica por parte de los jueces Johan Gustavo Marfetán Medina, Manuel Eduardo Suárez Capelo y Carmen Elizabeth Vásquez Rodríguez.
Ellos revocaron una sentencia condenatoria de 18 años de prisión dictada en un caso de sicariato por un Tribunal Penal de la mencionada provincia.
En el segundo caso, se reportó que desde el usuario de la jueza Ivonne Núñez Figueroa, se vulneró el sistema informático judicial y se eliminaron escritos en los que se solicitaba un recurso de ampliación y aclaración. Esto hizo que la sentencia de ese proceso se ejecutoríe sin haber cumplido el respectivo trámite.
Finalmente, en un tercer caso, se denunció que la misma jueza Ivonne Núñez Figueroa y el juez Víctor Rafael Fernández Álvarez, ambos integrantes de la Sala de lo Laboral, concedieron un recurso de Hábeas Data a través del cual se eliminó la inscripción de un bien inmueble del Registro de la Propiedad, lo cual no era procedente y se constituye en un “imposible jurídico”.
El titular del CJ informó que los cinco jueces fueron suspendidos y contra ellos se abrieron los respectivos sumarios disciplinarios.
“Habrá el debido proceso y tendrán todo el derecho para defenderse de las acusaciones que se les hace”, señaló y aclaró que fueron informes técnicos los que permitieron detectar estas anomalías y que en ninguno de los casos existió una denuncia formal por parte del Ministerio del Interior.
En cuanto al trabajo que desarrollan los Tribunales Penales del Guayas, explicó que las evaluaciones respectivas indican que esas instancias judiciales cumplen su labor con eficiencia y efectividad. Así, por ejemplo, durante 2015, en Guayaquil, a los citados tribunales ingresaron 1186 causas y en 1359, se dictó sentencia, lo que significa que incluso se despacharon juicios de años anteriores.
Adicionalmente, esas dependencias judiciales dictaron 771 autos resolutorios, lo que en la globalidad de despacho representa una productividad de 2139 procesos. Actualmente esos tribunales tienen 367 juicios en trámite y esto “prácticamente hace que su labor esté al día”.
De igual forma, en cuanto a los delitos de homicidio y asesinato, desde el 10 de agosto de 2014 hasta enero de 2016, a los tribunales penales de Guayaquil ingresaron 178 causas y 158 de ellas ya fueron resueltas.
En cuanto a la caducidad de prisión preventiva, mientras en 2008 hubo 1928 casos de este tipo, en 2015, no existió ninguno. El Presidente Jalkh indicó que no obstante de ello, hay algunos procesos que no avanzan y que esa demora tiene que ver directamente con la captura de quienes están involucrados en juicios penales.
Explicó que hay un número muy importante de órdenes de prisión o detención que no han sido ejecutadas por la Policía y esto impide que se ejecuten las respectivas audiencias de juzgamiento.
“Tenemos 527 procesados no capturados (…) En esa perspectiva, los jueces recuerdan a los funcionarios policiales la obligación que tienen de colaborar con la justicia”, tal como lo establece el artículo 295 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Esa normativa indica que “la o el servidor de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que, después de haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, se niegue a prestar el auxilio que esta le pida, será sancionado con pena privativa de libertad de quince a treinta días”.
Toda la información relacionada con el retraso en la captura de los acusados será remitida al Ministerio del Interior para que se tomen los correctivos pertinentes y no se detengan los procesos penales por falta de comparecencia. “No puede haber una simple respuesta que diga: es que no conozco dónde vive el procesado.
No se trata de citadores, se trata de policías que deben capturar, por orden judicial al procesado y llevarlo a la justicia para evitar la impunidad”, recalcó el doctor Jalkh, quien añadió que el CJ adoptará medidas para proteger la integridad de los jueces penales de Guayas.
Mencionó que por ejemplo, en todos los tribunales penales, se adaptarán corredores diferenciados de circulación para jueces y procesados. Asimismo, se solicitará al Ministerio del Interior que haga un análisis de riesgo y de una eventual protección policial para aquellos jueces, cuya seguridad pueda estar en peligro. Esto debido a que varios de ellos han recibido amenazas por las sentencias dictadas.
Fuente: Comunicación Consejo de la Judicatura El Oro.
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