La política “CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN” que está implementada en el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP- continúa dando resultados.
El SERCOP identificó un caso de mala práctica de contratación pública, levantó la alerta y realizó la respectiva investigación y obtuvo la documentación necesaria que le permitió a la Fiscalía General del Estado realizar el día hoy la detención de una persona implicada en el supuesto delito de tráfico de influencias.
De esta manera el SERCOP perfecciona cada vez más sus procedimientos de control, el procesamiento de las denuncias ciudadanas y la coordinación interinstitucional con el Consejo de Participación de Ciudadana y Control Social y Fiscalía General del Estado para combatir frontalmente los actos de corrupción.
La Subdirectora General de Control, Camila Restrepo Rojas manifestó que “es el tercer caso que el SERCOP ha denunciado y que ha tenido efectos drásticos contra la corrupción en la contratación pública. En los otros dos casos ya existen personas sancionadas por la Ley y vamos a continuar con el trabajo de control hasta las últimas consecuencias para poder tener una buena práctica de contratación pública a nivel nacional”, manifestó Restrepo Rojas.
El Servicio Nacional de Contratación Pública y el Consejo de Participación Ciudadana firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que ha permitido desarrollar e implementar la participación ciudadana y la gestión transparente del Sistema Nacional de Contratación Pública, el mismo que ha dado resultados positivos y trascendentales en la lucha contra las malas prácticas de contratación pública.
Por su parte la Fiscal de Pichincha que lleva el caso, María Susana Rodríguez, manifestó que el delito investigado habría favorecido a una empresa dedicada al servicio de limpieza de oficinas por un monto mensual de USD15.636,56. El hecho se encuentra en etapa de indagación previa.
El delito estaría tipificado en el Artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una pena privativa de la libertad de tres a cinco años “tráfico de influencias”. “Con fecha 29 de diciembre de 2015 según las investigaciones realizadas, se determinó el cometido del presunto delito”, señaló Rodríguez.
Entretanto, la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Raquel González, manifestó que la institución que lidera tiene las atribuciones de combatir la corrupción a través del trabajo conjunto con otras instituciones del Estado obteniendo resultados oportunos.
“Estamos haciendo un llamado a la ciudadanía porque es también su deber contribuir con la construcción de un Ecuador transparente y luchar contra la corrupción que es un mal social”, agregó González.
Fuente: Comunicación SERCOP.
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