Se promueven capacitaciones en la Escuela de Formación Penitenciaria del Ecuador

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos realizó el taller “Roles institucionales para la formación de estudiantes a la Tecnicatura en Seguridad Penitenciaria”, dirigido a 32 personas con cargos de directivos, docentes e instructores de los aspirantes para Agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP). 

La jornada que duró dos días se llevó a cabo en la Escuela de Formación Penitenciaria, ubicada en la provincia de El Oro, cantón Pasaje, parroquia Tres Cerritos. Participaron como instructores, personal del Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt), Instituto Tecnológico Superior “El Oro”, Policía Nacional; y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
 
Este taller buscó articular y fusionar el proceso de formación académica e instrucción formal de los estudiantes que cursan la Tecnicatura en Seguridad Penitenciaria.
 
Durante las jornadas de trabajo, se delinearon estrategias para mejorar los canales de comunicación entre los participantes para comprender las dinámicas de la formación, armonizar las relaciones de poder, estandarizar criterios y la  participación de dinámicas grupales.
 
Contenidos
 
Al final se establecieron como compromisos: mantener reuniones de trabajo entre los docentes e instructores durante dos veces al mes y estudiar las reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad (PPL), o denominadas Reglas de Mandela.  Insumos con los cuales se cumplió la evaluación según informó Javier Peralta Proaño, servidor del área de programas de capacitación de esta Cartera de Estado.
Todos los participantes de este espacio académico, que están a cargo de la formación de 500 ASP del Ecuador, recibirán certificados con el aval de las entidades que les instruyeron.
 
Objetivo
 
Estas acciones forman parte de la política pública trazada desde el Gobierno nacional para lograr una completa transformación del sistema penitenciario. Esto incluye la capacitación al personal de seguridad, para que brinden custodia a las personas privadas de libertad (PPL) y sean parte de los procesos de rehabilitación y  reinserción social.

Fuente: Comunicación Ministerio de Justicia